Encuentro Nacional de Familias Homoparentales
Rosario, 6 de Junio de 2010
Rosario, 6 de Junio de 2010
Las familias formadas por gays, lesbianas, trans y bisexuales, reunidas en el Primer Encuentro Nacional de Familias en la ciudad de Rosario los días 5 y 6 de junio de 2010, damos cuenta de que nuestras familias ya existen. Y existen por nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestro compromiso. Desde hace varios años criamos a bebés, niñas, niños y adolescentes a quienes hemos gestado usando o no tecnologías reproductivas, adoptando o quedado a su guarda y cuidado por circunstancias vitales diversas. Somos miles y diversas las familias constituidas por personas gltb de todo el país y de todas las clases sociales.
Algunas de nuestras familias son armoniosas y otras no. Tenemos alegrías y problemas como todas las familias. No somos familias perfectas ni ajenas de conflictos, pero pretendemos buscar lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos en un contexto que no siempre está dispuesto a recibirnos, acompañarnos, escucharnos, aprender con nosotrxs y celebrar la diversidad en todos sus aspectos. La homo/lesbo/trans/bifobia social es el mayor obstáculo que nuestras hijas y nuestros hijos encuentran para crecer libremente.
Numerosas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales garantizan en teoría derechos a nuestras familias y a nuestrxs hijxs pero en la práctica estos derechos no se cumplen o se nos impide ejercerlos. El mayor obstáculo para el ejercicio pleno de nuestrxs derechos reside en el reconocimiento de unx sólo de las madres o padres de nuestrxs hijxs. Nosotrxs mismxs como individuos y como parejas y nuestras familias nos vemos expuestxs diariamente a una vulneración sistemática de nuestros derechos. Aún cuando algunos están ya contemplados en la normativa nacional o internacional.
Entre sus derechos, la Convención Internacional por los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza a todxs lxs niñxs el derecho a la identidad, es decir, a ser reconocidxs como hijxs de lesbianas, gays y trans, con más de una madre o un padre. También garantiza la integridad familiar. Sin embargo, en caso de muerte de la madre o el padre legalmente reconocidx. Nuestrxs niñxs pueden ser alejadxs de su madre o padre no legalmente reconocidxs. Si unx de las madres o padres es inmigrante tampoco hay garantías de que se preserve la integridad familiar si la inmigración no está formalizada, porque corren riesgo de ser deportadxs. Nuestrxs niñxs tienen derecho a ser escuchadxs en juicios cuando se tratan asuntos que les afectan, como por ejemplo, los que tienen relación con sus familias.
Las leyes laborales nacionales que reconocen derechos de las y los trabajadorxs en el sistema formal no tienen en cuenta las prerrogativas de nuestras familias. La madre o el padre que no tiene el reconocimiento legal no puede extender la cobertura de su obra social, o el beneficio del seguro de vida, no percibir el salario familiar o pedir licencia por nacimiento, adopción o enfermedad de sus hijas o hijos. Nuestrxs niñxs, a su vez, están siendo violentadxs en su derecho a recibir estos beneficios.
Nuestrxs hijxs no tienen garantizado su derecho a ser cuidadxs por sus madres o padres legalmente reconocidos ya que sus padres o madres sin reconocimiento legal serán consideradxs extrañxs por el sistema de salud. De esta forma, se ignora su opinión en la toma de decisiones, no se les brinda información médica e incluso se les impiden las visitas o la permanencia junto a su hijx si necesita internación. La madre o el padre legalmente reconocidxs se ven forzadxs a estar disponibles en forma permanente para interactuar con el sistema de salud y si no lo están lxs médicxs pueden recurrir a sus familias legales a pesar de la existencia, presencia, compromiso y legitimidad de la madre o padre no legalmente reconocido aún cuando esxs parientes no manifiesten ningún respeto por nuestra familia.
La misma situación se presenta en el ámbito de educación. En estas comunidades sólo la madre o el padre legalmente reconocidxs serán requeridxs y validadxs debiendo estar todo el tiempo disponibles. La interacción de la madre o el padre no legalmente reconocidxs con el sistema educativo queda supeditada a la buena voluntad, apertura y compromiso con la diversidad de cada establecimiento jardín de infantes o escuela. Por otra parte, si nuestras hijas o hijos quisieran o tuvieran que salir del país con su madre o padre no legalmente reconocidx se requerirían trámites y autorizaciones especiales más allá del acuerdo que se pide en caso de madres y padres heterosexuales como si se tratara de extrañxs.
En caso de separación de las madres o los padres lxs derechxs de cada integrante de la familia quedan en riesgo. Nuestras hijas e hijos no tienen garantizado el apoyo económico, en la forma de cuota de alimentos, de parte de su madre o padre no legalmente reconocidx, cuota que tienen garantizada todxs lxs hijxs de parejas heterosexuales casadas o unidas de hecho. Tampoco tienen garantizado la continuidad del vínculo con su madre o padre no legalmente reconocidx y con su familia extensa (abuelxs, tíxs, prmxs, etc.) y ni siquiera tienen garantizada la continuidad del vínculo con sus hermanxs si su reconocimiento corresponde a distintos miembros de la pareja. Las madres o padres legamente reconocidxs corren riesgo de sostener exclusivamente por sus medios a sus hijxs y lxs no legalmente reconocidxs corren riesgo de perder contacto y quedar afuera de las vidas de sus hijxs.
Nuestras familias son constituidas siempre a partir del deseo, nuestrxs hijxs son deseadxs y buscadxs. Pero no somos mejores ni peores que el conjunto de familias formadas por heterosexuales. No somos desviadxs, ni enfermxs, pero nos negamos a tener que demostrar que somos “normales”. No reconocemos un modelo o una familia que pueda ser considera “normal”. Menos aún una familia en relación a la cual se evalúe al resto. La insistencia en tener que demostrar normalidad conlleva implícita la patologización de la existencia gltb, es heterosexista y ejerce un efecto nefasto sobre nuestras familias y sobre nuestrxs hijxs, sometidxs a escrutinio constante. Nuestrxs hijxs serán buenxs o malxs alumnxs, buenxs o malxs compañerxs, alegres o tristes, heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales o trans. Nuestras hijas y nuestros hijos tienen pleno derecho, como todas las niñas y todos los niños a explorar libremente su propia identidad sexual y de género sin violencias ni condicionamientos.
En este marco, demandamos la modificación de leyes, de su interpretación y la sanción de otras nuevas de forma de garantizar integralmente todos nuestros derechos humanos. El cambio más importante en relación a nuestras demandas, en tanto que habilitaría todas las modificaciones necesarias para asegurarnos el pleno ejercicio de esos derechos, es el vinculado al concepto de familia. Las leyes nacionales y provinciales y las normativas municipales no pueden seguir guiándose por un concepto de familia nuclear heterosexual como único modelo válido. Esto excluye a un gran número de familias heterosexuales y a todas las familias gtlb en un acto flagrante de discriminación e inequidad social, cultural y económica. El concepto de familia, basado en la ideología patriarcal, debe ser reemplazado por un concepto amplio e inclusivo que de cuenta de las múltiples conformaciones familiares que existen hoy en la sociedad argentina.
Específicamente, necesitamos y reclamamos la modificación del texto o de la interpretación de las leyes de filiación, adopción, matrimonio civil, laborales y de migraciones con la intención de lograr que se basen en concepciones de pareja y familia amplias y no discriminatorias. Reclamamos que nuestras parejas y familias sean reconocidas e incluidas en el diseño, implementación y ejecución de todas las políticas públicas tales como planes sociales, planes de vivienda, acceso al crédito, campañas y programas antidiscriminatorios, programas educativos, promoción de la salud, etc. En este sentido, nos adherimos a la Campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Su cumplimiento representaría un avance en los compromisos de los estados de la región con los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todxs los habitantes.
En particular, reclamamos al estado nacional y a los gobiernos provinciales y municipales una modificación integral de la currícula escolar por la potencia de las instituciones educativas como agentes formadores y transformadores de la cultura. Por último, queremos destacar nuevamente que el reclamo por nuestra igualdad jurídica lejos de ser una cuestión formal para nosotras y nosotros se vuelve una cuestión vital. Las personas lgtb vivimos en un contexto de hostitilidad y violencia que admite el asesinato de Natalia Gaitán, fusilada por lesbiana en Córdoba el 7 de marzo de 2010 por Daniel Torres, padrastro de su novia. Reiteramos la exigencia de justicia para Natalia e instamos al ejercicio de una verdadera democracia en un marco de plena ciudadanía donde los crímenes contra las personas gltb ya no tengan lugar.
Firman:
Organizaciones: Lesmadres –la madre y la madre que l@ parió, Juventud de la Federación Argentina LGBT, Las Safinas, Desalambrando – Buenos Aires, La Fulana, Cooperativa de Trabajo para Travestis y Transexuales Nadia Echazú, Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario, FHOIAR (Familias Homoparentales Integradas Argentinas), RIMA (Red Informativa de Mujeres de Argentina) y Mis Mamás Rosario.
Activistas: Emiliano Marello, Luciano García Lo Bello, Karina González, María Laura Rojas, Marcela Costa, Marcelo Zelarallan Soledad De Sensi, Gabriela Bacin, Florencia Gemetro, María Luisa Peralta, Julieta Bonazza, Natalia Rodríguez, Luciana Da Silva, Maria Eugenia Sarrias, Roberta Saccoccio, Verónica Ortolano, María Inés La Greca, Ivana Otero, Romina Reinaudo e hijos, Yamila García, Guido Vespucci, Verónica Capriglioni, Laura García, Irene López, Paula Isabel Peyre, Ana María Tovo, Elizabeth Cancino, Geraldine Carrizo, Rubén M. Castillo, Laura Vernetti, María del Carmen Regnicoli, Claudia Cándido, Silvina Massa, Mercedes Monjaime y Aguiar, César Bozzini, Mariela Morandi, Javier Vanay, Irene Ocampo.
Algunas de nuestras familias son armoniosas y otras no. Tenemos alegrías y problemas como todas las familias. No somos familias perfectas ni ajenas de conflictos, pero pretendemos buscar lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos en un contexto que no siempre está dispuesto a recibirnos, acompañarnos, escucharnos, aprender con nosotrxs y celebrar la diversidad en todos sus aspectos. La homo/lesbo/trans/bifobia social es el mayor obstáculo que nuestras hijas y nuestros hijos encuentran para crecer libremente.
Numerosas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales garantizan en teoría derechos a nuestras familias y a nuestrxs hijxs pero en la práctica estos derechos no se cumplen o se nos impide ejercerlos. El mayor obstáculo para el ejercicio pleno de nuestrxs derechos reside en el reconocimiento de unx sólo de las madres o padres de nuestrxs hijxs. Nosotrxs mismxs como individuos y como parejas y nuestras familias nos vemos expuestxs diariamente a una vulneración sistemática de nuestros derechos. Aún cuando algunos están ya contemplados en la normativa nacional o internacional.
Entre sus derechos, la Convención Internacional por los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza a todxs lxs niñxs el derecho a la identidad, es decir, a ser reconocidxs como hijxs de lesbianas, gays y trans, con más de una madre o un padre. También garantiza la integridad familiar. Sin embargo, en caso de muerte de la madre o el padre legalmente reconocidx. Nuestrxs niñxs pueden ser alejadxs de su madre o padre no legalmente reconocidxs. Si unx de las madres o padres es inmigrante tampoco hay garantías de que se preserve la integridad familiar si la inmigración no está formalizada, porque corren riesgo de ser deportadxs. Nuestrxs niñxs tienen derecho a ser escuchadxs en juicios cuando se tratan asuntos que les afectan, como por ejemplo, los que tienen relación con sus familias.
Las leyes laborales nacionales que reconocen derechos de las y los trabajadorxs en el sistema formal no tienen en cuenta las prerrogativas de nuestras familias. La madre o el padre que no tiene el reconocimiento legal no puede extender la cobertura de su obra social, o el beneficio del seguro de vida, no percibir el salario familiar o pedir licencia por nacimiento, adopción o enfermedad de sus hijas o hijos. Nuestrxs niñxs, a su vez, están siendo violentadxs en su derecho a recibir estos beneficios.
Nuestrxs hijxs no tienen garantizado su derecho a ser cuidadxs por sus madres o padres legalmente reconocidos ya que sus padres o madres sin reconocimiento legal serán consideradxs extrañxs por el sistema de salud. De esta forma, se ignora su opinión en la toma de decisiones, no se les brinda información médica e incluso se les impiden las visitas o la permanencia junto a su hijx si necesita internación. La madre o el padre legalmente reconocidxs se ven forzadxs a estar disponibles en forma permanente para interactuar con el sistema de salud y si no lo están lxs médicxs pueden recurrir a sus familias legales a pesar de la existencia, presencia, compromiso y legitimidad de la madre o padre no legalmente reconocido aún cuando esxs parientes no manifiesten ningún respeto por nuestra familia.
La misma situación se presenta en el ámbito de educación. En estas comunidades sólo la madre o el padre legalmente reconocidxs serán requeridxs y validadxs debiendo estar todo el tiempo disponibles. La interacción de la madre o el padre no legalmente reconocidxs con el sistema educativo queda supeditada a la buena voluntad, apertura y compromiso con la diversidad de cada establecimiento jardín de infantes o escuela. Por otra parte, si nuestras hijas o hijos quisieran o tuvieran que salir del país con su madre o padre no legalmente reconocidx se requerirían trámites y autorizaciones especiales más allá del acuerdo que se pide en caso de madres y padres heterosexuales como si se tratara de extrañxs.
En caso de separación de las madres o los padres lxs derechxs de cada integrante de la familia quedan en riesgo. Nuestras hijas e hijos no tienen garantizado el apoyo económico, en la forma de cuota de alimentos, de parte de su madre o padre no legalmente reconocidx, cuota que tienen garantizada todxs lxs hijxs de parejas heterosexuales casadas o unidas de hecho. Tampoco tienen garantizado la continuidad del vínculo con su madre o padre no legalmente reconocidx y con su familia extensa (abuelxs, tíxs, prmxs, etc.) y ni siquiera tienen garantizada la continuidad del vínculo con sus hermanxs si su reconocimiento corresponde a distintos miembros de la pareja. Las madres o padres legamente reconocidxs corren riesgo de sostener exclusivamente por sus medios a sus hijxs y lxs no legalmente reconocidxs corren riesgo de perder contacto y quedar afuera de las vidas de sus hijxs.
Nuestras familias son constituidas siempre a partir del deseo, nuestrxs hijxs son deseadxs y buscadxs. Pero no somos mejores ni peores que el conjunto de familias formadas por heterosexuales. No somos desviadxs, ni enfermxs, pero nos negamos a tener que demostrar que somos “normales”. No reconocemos un modelo o una familia que pueda ser considera “normal”. Menos aún una familia en relación a la cual se evalúe al resto. La insistencia en tener que demostrar normalidad conlleva implícita la patologización de la existencia gltb, es heterosexista y ejerce un efecto nefasto sobre nuestras familias y sobre nuestrxs hijxs, sometidxs a escrutinio constante. Nuestrxs hijxs serán buenxs o malxs alumnxs, buenxs o malxs compañerxs, alegres o tristes, heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales o trans. Nuestras hijas y nuestros hijos tienen pleno derecho, como todas las niñas y todos los niños a explorar libremente su propia identidad sexual y de género sin violencias ni condicionamientos.
En este marco, demandamos la modificación de leyes, de su interpretación y la sanción de otras nuevas de forma de garantizar integralmente todos nuestros derechos humanos. El cambio más importante en relación a nuestras demandas, en tanto que habilitaría todas las modificaciones necesarias para asegurarnos el pleno ejercicio de esos derechos, es el vinculado al concepto de familia. Las leyes nacionales y provinciales y las normativas municipales no pueden seguir guiándose por un concepto de familia nuclear heterosexual como único modelo válido. Esto excluye a un gran número de familias heterosexuales y a todas las familias gtlb en un acto flagrante de discriminación e inequidad social, cultural y económica. El concepto de familia, basado en la ideología patriarcal, debe ser reemplazado por un concepto amplio e inclusivo que de cuenta de las múltiples conformaciones familiares que existen hoy en la sociedad argentina.
Específicamente, necesitamos y reclamamos la modificación del texto o de la interpretación de las leyes de filiación, adopción, matrimonio civil, laborales y de migraciones con la intención de lograr que se basen en concepciones de pareja y familia amplias y no discriminatorias. Reclamamos que nuestras parejas y familias sean reconocidas e incluidas en el diseño, implementación y ejecución de todas las políticas públicas tales como planes sociales, planes de vivienda, acceso al crédito, campañas y programas antidiscriminatorios, programas educativos, promoción de la salud, etc. En este sentido, nos adherimos a la Campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Su cumplimiento representaría un avance en los compromisos de los estados de la región con los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todxs los habitantes.
En particular, reclamamos al estado nacional y a los gobiernos provinciales y municipales una modificación integral de la currícula escolar por la potencia de las instituciones educativas como agentes formadores y transformadores de la cultura. Por último, queremos destacar nuevamente que el reclamo por nuestra igualdad jurídica lejos de ser una cuestión formal para nosotras y nosotros se vuelve una cuestión vital. Las personas lgtb vivimos en un contexto de hostitilidad y violencia que admite el asesinato de Natalia Gaitán, fusilada por lesbiana en Córdoba el 7 de marzo de 2010 por Daniel Torres, padrastro de su novia. Reiteramos la exigencia de justicia para Natalia e instamos al ejercicio de una verdadera democracia en un marco de plena ciudadanía donde los crímenes contra las personas gltb ya no tengan lugar.
Firman:
Organizaciones: Lesmadres –la madre y la madre que l@ parió, Juventud de la Federación Argentina LGBT, Las Safinas, Desalambrando – Buenos Aires, La Fulana, Cooperativa de Trabajo para Travestis y Transexuales Nadia Echazú, Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario, FHOIAR (Familias Homoparentales Integradas Argentinas), RIMA (Red Informativa de Mujeres de Argentina) y Mis Mamás Rosario.
Activistas: Emiliano Marello, Luciano García Lo Bello, Karina González, María Laura Rojas, Marcela Costa, Marcelo Zelarallan Soledad De Sensi, Gabriela Bacin, Florencia Gemetro, María Luisa Peralta, Julieta Bonazza, Natalia Rodríguez, Luciana Da Silva, Maria Eugenia Sarrias, Roberta Saccoccio, Verónica Ortolano, María Inés La Greca, Ivana Otero, Romina Reinaudo e hijos, Yamila García, Guido Vespucci, Verónica Capriglioni, Laura García, Irene López, Paula Isabel Peyre, Ana María Tovo, Elizabeth Cancino, Geraldine Carrizo, Rubén M. Castillo, Laura Vernetti, María del Carmen Regnicoli, Claudia Cándido, Silvina Massa, Mercedes Monjaime y Aguiar, César Bozzini, Mariela Morandi, Javier Vanay, Irene Ocampo.
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